Una normativa de la Agencia Nacional de Discapacidad generó indignación en el ámbito de la salud mental por la terminología vetusta e hiriente utilizada para clasificar personas con déficit intelectual. El organismo anunció la pronta modificación de la normativa.
La publicación de la Resolución 187/2025 en el Boletín Oficial desató una catarata de críticas y manifestaciones de repudio en el ámbito de la salud mental. Ante las críticas, el gobierno reconoció el error y anunció la pronta modificación de la normativa.
El documento había sido emitido por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En un anexo, empleaba terminología obsoleta y considerada ofensiva para describir distintos grados de discapacidad intelectual, incluyendo términos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental”.
Ante las críticas, la ADNIS emitió un comunicado en el que reconoció el error y se comprometió a modificar la resolución. “La publicación de los términos en cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta”, indicaron.
Además, el organismo anunció que la normativa será revisada para alinearse con los estándares internacionales vigentes, como la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5).
“La ANDIS reafirma su compromiso con un sistema de evaluación justo, transparente y basado en criterios médicos y en un análisis integral de la situación socioeconómica de las personas, que garantice que las pensiones no contributivas por invalidez laboral sean otorgadas a quienes realmente las necesitan”, remarcaron.
Qué decía la Resolución
La Resolución 187/2025, fechada el 14 de enero de 2025, bajo la firma del director de ANDIS, Diego Orlando Spagnuolo, establecía un nuevo baremo para la evaluación médica de invalidez en el marco de las Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral.
El Anexo I de dicha normativa presentaba una clasificación de la discapacidad intelectual basada en coeficientes intelectuales (CI), utilizando términos despectivos para cada categoría:
CI 0-30: “Idiota”. Descripto como una persona que “no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres…”.
CI 30-50: “Imbécil”. Definido como alguien que “no lee ni escribe, atiende … puede realizar tareas rudimentarias…”.
CI 50-60: “Débil mental profundo”. Caracterizado por “solo firmar, tener vocabulario simple, no manejar el dinero, puede realizar tareas…”.
“Retardado mental” también era utilizada para designar a quien padece “un déficit en el crecimiento mental y un trastorno cuantitativo caracterizado por escasez del desarrollo intelectual…”.
Reacciones y críticas
Esta clasificación, que remite a conceptos médicos en desuso desde hace décadas, fue rápidamente señalada por especialistas y organizaciones como un retroceso en materia de derechos y una falta de respeto hacia las personas con discapacidad.
La Asociación Civil por la Igualdad presentó un reclamo administrativo solicitando la derogación inmediata de la normativa. En su comunicado, expresaron: “Esta regulación implica un retorno al modelo médico de la discapacidad, y por lo tanto un grave retroceso para los derechos de este colectivo. Además, las expresiones peyorativas que utiliza, lejos de combatir la discriminación, la refuerzan”.
Por su parte, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) calificó de “ofensivos y obsoletos” los términos utilizados, señalando que “refuerzan prejuicios y concepciones arcaicas que vulneran la dignidad de las personas con discapacidad intelectual”.
Expertos en salud mental también se pronunciaron al respecto. Marcelo Cetkovich, jefe del Departamento de Psiquiatría y director médico de INECO, afirmó que la normativa es “retrógrada y estigmatizante”, y advirtió que el uso de terminología desactualizada “interfiere con la inclusión de las personas con discapacidad”.
Francisco Zanotti, vicepresidente de la Unión de Entidades de y por Personas con Discapacidad (UENDISFE), sostuvo que “es un horror que desde el gobierno nacional se utilice estas palabras para referirse a las personas con discapacidad. Estas palabras fueron desterradas hace mucho tiempo del uso para evitar la discriminación. No pueden ser que vuelvan a aparecer publicadas en un documento oficial”.
