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Las distintas organizaciones y asociaciones que componen la corporaci\u00f3n judicial rechazaron masivamente la iniciativa oficialista de incluir en la Ley de Presupuesto 2023 una cl\u00e1usula que los obligue a pagar el Impuesto a las Ganancias.<\/em><\/p>\n <\/p>\n Despu\u00e9s de que la Corte se reuniera de urgencia el viernes pasado para analizar la situaci\u00f3n, desde el propio entorno del m\u00e1ximo tribunal se difundieron los documentos de las entidades que salieron a descalificar el eventual tributo que deber\u00edan pagar tal como lo hacen todos los trabajadores de altos ingresos.<\/p>\n S\u00f3lo Justicia Leg\u00edtima, la asociaci\u00f3n civil cercana al kirchnerismo, apoy\u00f3 el proyecto para que todo el Poder Judicial pague el impuesto: “Nuestra posici\u00f3n ha sido siempre a favor de la igualdad impositiva y del rechazo a todo privilegio”.<\/p>\n Utilizando lenguaje inclusivo, la entidad manifest\u00f3 que “jueces, magistrades, funcionaries y empleades deben abonar los mismos impuestos que les corresponden pagar a cualquier habitante del pa\u00eds”.<\/p>\n En cambio la Asociaci\u00f3n de Fiscales y Funcionarios del Ministerio P\u00fablico Fiscal (AFUN) advirti\u00f3 que “ciertos sectores de la pol\u00edtica pretenden menoscabar la independencia e imparcialidad de los operadores judiciales, ya que afectan tanto sus remuneraciones como el r\u00e9gimen jubilatorio”.<\/p>\n “Lo que se quiere disfrazar o confundir a la sociedad como un reclamo de tratamiento igualitario, en realidad solo est\u00e1 dirigido a condicionar de manera irregular y discriminatoria a los magistrados, funcionarios y empleados judiciales”, a\u00f1adieron.<\/p>\n Los fiscales justificaron que “este llamado de atenci\u00f3n, en modo alguno pretende establecer una defensa corporativa de ning\u00fan fiscal o magistrado judicial, y s\u00ed por el contrario, tiene el objetivo de poner de manifiesto la defensa de la institucionalidad y legalidad que debe reinar en un Estado de Derecho”.<\/p>\n El comunicado est\u00e1 firmado por el presidente de la entidad, Carlos R\u00edvolo y, entre otros, el vocal Diego Luciani.<\/p>\n La Junta de Tribunales Orales Federales (JUTOF) manifest\u00f3 “su oposici\u00f3n a cualquier intento de menoscabar la independencia judicial. La reducci\u00f3n de los ingresos percibidos por funcionarios y magistrados es una violaci\u00f3n a lo establecido por la Constituci\u00f3n Nacional”.<\/p>\n El art\u00edculo 110 de la Carta Magna es, seg\u00fan la entidad, un “resguardo de la labor judicial y ante presiones de cualquier \u00edndole”.<\/p>\n El documento fue firmado por su presidenta, Gretel Diamante, y su secretaria, Sabrina Namer. La Federaci\u00f3n Latinoamericana de Magistrados (FLAM), que nuclea a jueces y fiscales de 19 pa\u00edses, denunci\u00f3 que la iniciativa “pretende incorporar una cuesti\u00f3n tributaria dentro de la ley de presupuest\u00f3 que resultar\u00eda que afectar\u00eda (sic) el salario de los magistrados”.<\/p>\n “Preocupa tambi\u00e9n que se utilice esta v\u00eda para afectar la intangibilidad de los salarios e incrementar los tributos a trav\u00e9s de una ley que debe prever los gastos del Estado. El r\u00e9gimen salarial es un elemento de estabilidad de la judicatura y auxiliares de la administraci\u00f3n de justicia”, concluy\u00f3 el documento.<\/p>\n La Asociaci\u00f3n de Jueces y Juezas Federales de Argentina (AJUFE) rechaz\u00f3 el “proyecto de ley en discusi\u00f3n, que avanza sobre los salarios de las juezas y jueces de todo el pa\u00eds, por encontrarse en oposici\u00f3n a la Constituci\u00f3n Nacional y a los instrumentos dise\u00f1ados para asegurar la independencia judicial”.<\/p>\n As\u00ed lo rubricaron los jueces Jorge Mor\u00e1n, como presidente, y Ariel Lijo, como secretario general.<\/p>\n La Federaci\u00f3n Argentina de la Magistratura y la Funci\u00f3n Judicial, por su parte, record\u00f3 que los funcionarios y trabajadores judiciales “no se encuentran alcanzados por ese impuesto, tal como fuera decidido por el Honorable Congreso de la Naci\u00f3n en la ley 27.346 de diciembre de 2016”.<\/p>\n Quienes ingresan al Poder Judicial desde entonces s\u00ed pagan el Impuesto a las Ganancias. “La reiteraci\u00f3n de intentos de reformas legislativas no hace sino introducir incertidumbre e inseguridad jur\u00eddica sobre los operadores judiciales”, suscribieron su presidenta, Marcela Ruiz, y su secretario, Christian Fabio.<\/p>\n La Junta de Presidentes de C\u00e1maras Nacionales y Federales de la Rep\u00fablica Argentina sostuvo que “este nuevo intento de cercenar la independencia del Poder Judicial llevar\u00e1 a consecuencias no sopesadas, que resentir\u00e1n en mayor medida la prestaci\u00f3n del esencial servicio que le compete”.<\/p>\n La Junta se manifest\u00f3 “conocedora de la situaci\u00f3n econ\u00f3mica por la que atraviesa nuestro pa\u00eds”.<\/p>\n “De ninguna manera nos es indiferente, y la necesidad de implementar medidas de fondo y reformas institucionales para superarla y alejar los peligros que se ciernen sobre una Argentina afectada por las recurrentes crisis de esa naturaleza”, proclam\u00f3 la organizaci\u00f3n.<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Las distintas organizaciones y asociaciones que componen la corporaci\u00f3n judicial rechazaron masivamente la iniciativa oficialista de incluir en la Ley de Presupuesto 2023 una cl\u00e1usula que los obligue a pagar el Impuesto a las Ganancias. 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\n“La modificaci\u00f3n legislativa intempestiva e inconsulta del r\u00e9gimen de Ganancias se traducir\u00eda en una afectaci\u00f3n confiscatoria de los haberes de los prestadores del servicio de Justicia y constituye un avance sobre la independencia judicial”, sostuvieron.<\/p>\n