<\/p>\n
Ocurri\u00f3 en la comisar\u00eda de El Carril, y el correspondiente examen m\u00e9dico comprob\u00f3 excoriaciones y hematomas en la v\u00edctima. Los testigos habr\u00edan sido amenazados.<\/p>\n
El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel Gonz\u00e1lez, requiri\u00f3 juicio ante el Juzgado de Garant\u00edas 8, distrito judicial del Centro, en la causa en la que personal policial de la comisar\u00eda N\u00b0 19 de El Carril fue imputado por un hecho ocurrido en 2019 contra un recluso.<\/p>\n
El sargento Mart\u00edn Esteban Ramos est\u00e1 acusado del delito de severidades calificadas por el uso de la violencia y coacci\u00f3n, todo en concurso real, en calidad de autor; el agente Jonathan Leonel Flores, por los delitos de severidades calificadas por el uso de la violencia, en calidad de part\u00edcipe necesario, en concurso real, con el delito de falsedad ideol\u00f3gica; el comisario inspector Federico Lizondo, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario p\u00fablico; y el oficial subayudante Renzo Rueda y el suboficial principal Daniel Quiroga, por omisi\u00f3n de los deberes de funcionario p\u00fablico.<\/p>\n
El hecho sucedi\u00f3 el 5 de mayo de 2019, mientras el damnificado se encontraba detenido en la comisar\u00eda N\u00b0 19 de El Carril, tras ser detenido en la v\u00eda p\u00fablica, cuando el agente Flores, que estaba de guardia, abri\u00f3 la celda por orden del cabo Ramos y este \u00faltimo seg\u00fan se se\u00f1ala, habr\u00eda comenzado a patearlo en la zona de las costillas y nalgas, d\u00e1ndole golpes de pu\u00f1o en la cara, a la vista de otros detenidos.<\/p>\n
Posteriormente, Ramos se hizo presente ante el resto de los reclusos, afirmando que si sal\u00edan de testigos o filtraban cosas, les har\u00eda un informe y los trasladar\u00eda a la Alcaid\u00eda General.<\/p>\n
En relaci\u00f3n a la conducta del agente Flores, se le atribuye el haber abierto la puerta de la celda donde se encontraba alojado el damnificado, permitiendo que sea retirado para luego ser golpeado por Ramos. Luego procedi\u00f3 a insertar en un instrumento p\u00fablico, manifestaciones falsas, tergiversando la realidad de lo que en verdad sucedi\u00f3.<\/p>\n
Por su parte, Lizondo, en su car\u00e1cter de jefe de dependencia, ten\u00eda conocimiento de estas pr\u00e1cticas ilegales, llevadas a cabo por personal a su cargo y, a pesar de ello, no tom\u00f3 medidas, siendo su responsabilidad como superior jer\u00e1rquico, incumpliendo con el deber de resguardo de las garant\u00edas y derechos de las personas alojadas en la dependencia. Incluso, exist\u00edan reclamos por parte de los detenidos sobre las golpizas, a pesar de lo cual, no dispuso las medidas conducentes a evitarlas.<\/p>\n
En cuanto a Rueda, en su car\u00e1cter de oficial de servicio y conforme al libro de guardia del 5 de mayo de 2019, era quien estaba a cargo de la dependencia policial y, por lo tanto, de evitar cualquier tipo de conducta il\u00edcita, surgiendo la posici\u00f3n de garante, en relaci\u00f3n evitar cualquier da\u00f1o en la salud del detenido, lo cual no sucedi\u00f3.<\/p>\n
En id\u00e9ntica situaci\u00f3n se encuentra Quiroga, quien, en su car\u00e1cter de funcionario policial y encontr\u00e1ndose de servicio el d\u00eda y hora del hecho, sabiendo que hab\u00edan golpeado al detenido, no lo evit\u00f3 y, luego de ello, omiti\u00f3 denunciar lo sucedido.<\/p>\n
El examen emitido por el Servicio M\u00e9dico del Poder Judicial, de fecha 6 de mayo de 2019, acredita que el damnificado presentaba excoriaciones y hematomas.<\/p>\n
En los fundamentos del requerimiento, el fiscal Gonz\u00e1lez destaca que la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad es una pr\u00e1ctica estructural de violaci\u00f3n de derechos humanos, por parte de funcionarios p\u00fablicos policiales y del servicio penitenciario, cuya tutela de bienes jur\u00eddicos les ha sido encargada, dentro del sistema constitucional democr\u00e1tico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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